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Proyecto político | ||||
Por un sistema de salud universal de calidad Uno de los beneficios de la reforma al sistema de salud (Ley 100 de 1993) fue haber comprometido mayores recursos públicos para la salud: el gasto público en salud se sitúa alrededor de 4,5% del PIB en el 2000. Sin embargo, más de 10 años después de haber sido puesta en marcha, la reforma no ha dado los resultados esperados. Prueba de ello es que la cobertura se encuentra estancada en niveles que apenas superan la mitad de la población (53% de la población total en el 2002). El aumento de la cobertura obedece en gran parte a la extensión de la cobertura familiar y a la afiliación a través del régimen subsidiado. Ésto pone en duda la sostenibilidad financiera del sistema ya que apenas ¼ de la totalidad de afiliados cotiza (lo cual representa tan sólo el 30% de las personas ocupadas). Antes de pensar en la asignación de mayores recursos, es necesario velar por la eficiencia del gasto, de la organización y de las instituciones que conforman el sistema. La separación de las funciones de financiamiento (que se realiza por medio de las Empresas Promotoras de Salud) y de prestación de servicios de salud (asegurado por las Instituciones Prestadoras de Salud) busca mejorar las condiciones de afiliación y de acceso al sistema. Sin embargo, ésto ha llevado a que las EPS ocupen un papel dominante y ha incitado a que dichas organizaciones busquen contener el nivel de gasto para mejorar sus ingresos. Lo anterior ha generado una represión de los flujos financieros que afectan la gestión de los hospitales, los cuales no han logrado consolidarse como empresas eficientes, autónomas y autogestionadas. Al contrario, atraviesan hoy por hoy una crisis sin precedentes que ha obligado el cierre de varios centros hospitalarios. La organización de la red de hospitalaria no es la adecuada: intervenciones ambulatorias se resuelven en el segundo y en el tercer nivel de atención, generando sobrecostos y una sub-utilización de los recursos disponibles. El sistema de salud se encuentra hoy en día segmentado, ofreciendo una calidad diferenciada según se esté afiliado al régimen contributivo o al régimen subvencionado, o según sea posible afiliarse o no a empresas de medicina prepagada. El hecho que cierto tipo de trabajadores deba asumir la totalidad de los aportes socio-laborales crea incentivos para su no-afiliación. Además, la evasión en el seno del sistema hace mella. Las empresas buscan reducir sus costos laborales a costa de la no-afiliación o la no-declaración de sus trabajadores. De igual manera, el Estado ha intentado reducir sus niveles de aportes para reducir el déficit fiscal. Teniendo en cuenta el panorama descrito, propongo acciones encaminadas a: Unificar los regímenes contributivo y subsidiado de salud para la creación de un régimen único en salud con prestaciones y servicios idénticos, conservando la posibilidad de contratar servicios complementarios. La igualdad debe estar en la base del sistema; las subvenciones cruzadas y los vínculos de solidaridad deben fortalecerse en el marco de un régimen único con el fin de lograr una cobertura realmente universal. Limitar la represión de los recursos por parte de ciertas instancias del sistema para asegurar la solvencia de las IPS y el pago puntual al personal medico. Es urgente poner fin a la especulación del dinero de la salud y focalizar fondos hacia la formación del recurso humano de calidad y la inversión tecnológica. Blindar los recursos públicos evitando que el dinero de la salud se convierta en un instrumento de equilibrio macroeconómico. Socializar el gasto privado en salud: el gasto privado supera el 5% del PIB. Parte de estos recursos debe irrigarse a la población que vive en condiciones de extrema pobreza. Fomentar el dialogo social al interior de las empresas. Es innegable que la afiliación está en relación con la evolución del mercado de trabajo. Acuerdos tripartitos entre el Estado, los empleadores y los empleados deberán velar por una afiliación permanente de los trabajadores. Es en el marco de este dialogo que se pueden buscar soluciones a las transiciones entre los periodos de desempleo, empleo, contratos de largo plazo, formalidad e informalidad. Comprometer al sector empresarial en la obtención de una cobertura universal, es un mecanismo para evitar el asistencialismo en el sistema de salud. Adecuar la oferta hospitalaria a la demanda y dar estímulos financieros para que personal médico de calidad se establezca en regiones apartadas del país. Fortalecer el Plan de Atención Básica para consolidar la prevención de enfermedades y la promoción de la salud (tan solo 5% del gasto total en salud se destina a estos fines). Mejorar la capacidad institucional del sistema otorgando a las instancias encargadas de la gestión y de la prestación de los servicios de salud los medios humanos y materiales para el manejo de los recursos del sistema de salud. Es necesaria la puesta en marcha de un registro único de afiliación para mejorar la contabilidad del sistema y evitar fraudes como la evasión, la elusión y la doble afiliación. La construcción de un sistema de seguridad social eficiente que alcance la cobertura universal y que ponga la atención al ciudadano en el centro de su acción debe convertirse en un objetivo primordial de la sociedad, debe contribuir a soldar los vínculos de solidaridad y la cohesión entre los colombianos.
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"La construcción de un sistema de seguridad social eficiente que alcance la cobertura universal y que ponga la atención al ciudadano en el centro de su acción debe convertirse en un objetivo primordial de la sociedad, debe contribuir a soldar los vínculos de solidaridad y la cohesión entre los colombianos"
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