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Por la indemnización de las víctimas del conflicto
 

Creación de una Comisión de Indemnización de las víctimas del conflicto, necesaria para la reconciliación del país y asegurar una paz sostenible y duradera.

La recientemente aprobada Ley de Justicia y Paz no es más que la institucionalización de la impunidad en momentos en que el país necesita instrumentos coherentes que permitan avanzar hacia la consecución de la paz.

Las experiencias de otros países (Chile, Sur África, Camboya) muestran la necesidad de crear instancias que permitan una refundación de la vida en comunidad, al final de conflictos prolongados.

Privilegiar la búsqueda de la verdad, implica la confesión de los delitos cometidos por parte de los victimarios y de las victimas. Ésto permite realizar el “deber de memoria”, al responsabilizar a los verdugos y al reconocer el estatus de victimas a los que fueron sometidos a sufrimientos y atropellos.    Por otro lado, para incitar la confesión de las exacciones, las penas y sanciones son reducidas, pero esto plantea un problema de justicia. Sin embargo, por otro lado, si se privilegia la obtención de esta última, se deben establecer e imponer las sanciones pertinentes y las indemnizaciones necesarias.

 Es una elección compleja cuya ecuación se resuelve a través de un debate profundo en el seno de la sociedad, que permita lograr un consenso adecuado y el necesario equilibrio entre justicia y verdad.

La actual Ley no cumple con ninguno de los requisitos mencionados: ni justicia, ni verdad.

 - No existen incentivos para fomentar la confesión de la verdad y las penas planteadas, más que un real castigo, son un insulto contra las personas sometidas al accionar criminal de estos grupos.

- No existen mecanismos que aseguren la reparación de las víctimas.

- El proceso apunta a lavar dineros y propiedades mal habidos, sin que se garantice el real desmonte del paramilitarismo. Este puede convertirse en un poder detrás del poder, como lo ha sido hasta ahora -con la diferencia que adquiere un estatus de amnistiado-, y una forma de prolongar el conflicto que carcome al país.

- Se permite la desmovilización individual y colectiva, lo cual impide un desmonte serio y efectivo de los grupos ilegales en su conjunto.

- No se clarifica el carácter político de los delitos amparados bajo la ley.

Estas falencias principales de la Ley de Justicia y Paz obligan a un replanteamiento del proceso, para evitar que se consolide de manera irreversible la impartición de injusticias.

Si lo que se quiere es el desmonte de los grupos paramilitares, es necesaria la confesión total y certera de los actos cometidos. El país necesita saber la verdad sobre los vínculos de dichos grupos con las instancias estatales y sobre el poder que éstos han alcanzado a nivel regional.

Una dosis adecuada de justicia una vez los delitos son confesados puede ser la única vía para alcanzar una reconciliación verdadera. Para tal fin, se propone la creación de una Comisión de Verdad, Perdón y Reparación, que además de lo anterior, garantice, a través de la acción del Estado la reparación de las víctimas.